Se trata de un problema que viene de lejos y que hasta ahora no había sido abordado desde el planeamiento urbanístico, pese a tratarse de una demanda estructural del sector. La contradicción entre el PGOU vigente, que prohíbe el uso residencial en determinados suelos rústicos, y la normativa autonómica actual, que reconoce los alojamientos para temporeros como un uso vinculado al trabajo agrícola, había generado un bloqueo legal que impedía regularizar viviendas ya existentes y avanzar con seguridad jurídica.

La iniciativa aprobada hoy en Pleno nace de la demanda directa de los agricultores y es fruto de un trabajo conjunto y coordinado entre el propio sector, los técnicos municipales, el Ayuntamiento de Almonte y la Junta de Andalucía. Un proceso basado en el diálogo, el análisis técnico y la búsqueda de una respuesta ajustada tanto a la legalidad como a la realidad social y económica del municipio.

Desde el Ayuntamiento se subraya que no se plantea urbanizar el suelo agrícola ni alterar su naturaleza, sino permitir usos compatibles y directamente vinculados a la actividad agraria, como son los alojamientos para trabajadores temporeros.

Estos usos no desnaturalizan el campo, sino que lo hacen viable, al garantizar mano de obra estable y condiciones dignas para quienes sostienen el sector.

La modificación urbanística, que se articula a través de la innovación número 33 del Plan General de Ordenación Urbana, responde a un interés público evidente, al permitir ordenar una realidad social y laboral que, cuando no se regula, deriva en infravivienda, asentamientos irregulares y una mayor presión sobre los servicios públicos. En este sentido, el Ayuntamiento defiende que el urbanismo es también una herramienta de política social, orientada a mejorar las condiciones de salud, seguridad y convivencia.

Con esta aprobación inicial, el Consistorio apuesta por ordenar frente al desorden, sustituyendo situaciones irregulares por planificación, control municipal y exigencias técnicas claras. La modificación permitirá una localización adecuada de estos alojamientos, su integración ambiental, el acceso a servicios básicos y una mayor seguridad jurídica tanto para el sector agrícola como para los propios trabajadores.

Desde el equipo de gobierno se valora este acuerdo como un hito importante para el futuro del sector agrícola de Almonte y como un ejemplo de colaboración público-privada, orientado a dar soluciones reales, responsables y ajustadas a la legalidad a problemas reales del municipio.