La sesión ha estado marcada por “la profunda preocupación” ante el grave deterioro que sufre el litoral de Matalascañas, agravado tras los recientes temporales y con un impacto directo sobre el paseo marítimo y las infraestructuras básicas del núcleo costero.

Desde el inicio del encuentro, tanto el alcalde de Almonte, Francisco Bella, como la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Catalina García, han coincidido en subrayar que “la situación ha sobrepasado todos los límites admisibles y que el Ministerio debe actuar “sin más demoras” antes de que los daños deriven en consecuencias irreversibles. El Ayuntamiento de Almonte ha defendido que el avance de la erosión está comprometiendo gravemente la integridad del sistema de depuración de Matalascañas, cuyas instalaciones se encuentran cada vez más expuestas. Este deterioro, alertan, podría desembocar en vertidos sin depurar, con un impacto sanitario y ambiental de enorme gravedad en el entorno de Doñana, uno de los espacios protegidos más importantes de Europa.

Durante el Consejo se ha recordado que la actuación prevista por el MITECO para frenar la regresión del litoral acumula más de ocho años de retraso, pese a ser una intervención aprobada y programada desde hace casi una década. Los representantes institucionales han sido especialmente contundentes al señalar que la situación que hoy padece Matalascañas es la “consecuencia directa de no haber ejecutado a tiempo la obra comprometida”, una omisión que —subrayan— ha permitido que los daños se multipliquen hasta alcanzar el punto crítico actual.

El alcalde, Francisco Bella, ha reclamado que ninguna administración eluda su responsabilidad en un asunto que afecta de forma directa a la seguridad de las personas y a la preservación de un enclave de valor internacional. “El deterioro del frente costero no entiende de colores políticos. Estamos hablando de seguridad, de responsabilidad y de la protección de Doñana. Nadie puede ponerse de perfil”, ha afirmado.

En su intervención, el regidor ha vuelto a denunciar la profunda desigualdad en el reparto de fondos estatales, apuntando que Almonte recibe apenas 350 euros por habitante, mientras que municipios como Bonares obtienen entre 3.500 y 4.000 euros por habitante. A su juicio, estas cifras evidencian un modelo de distribución “políticamente orientado y alejado de cualquier criterio de sostenibilidad o equilibrio territorial”, precisamente en un contexto en el que Matalascañas y Doñana requieren actuaciones urgentes y decisivas.

El Ayuntamiento de Almonte reitera que el deterioro del litoral “no es un problema local, sino una amenaza directa a la estabilidad ambiental de Doñana y a las infraestructuras que garantizan su protección”. Por ello, vuelve a exigir al MITECO la ejecución inmediata de las obras comprometidas, una actuación coordinada con el resto de administraciones y un compromiso claro que permita revertir la situación antes de que los daños sean irreparables.