Desde el Consistorio almonteño se explica que dicho acuerdo tiene como finalidad regularizar el pago por el uso de suelo y dominio público municipal de Almonte por parte de infraestructuras del sistema del agua, una compensación económica prevista en la normativa vigente y que ya aplican otros ayuntamientos, pero que en este municipio no se actualizaba desde aproximadamente 2010.

Desde el Ayuntamiento de Paterna del Campo se argumenta que este tipo de pagos podrían afectar al equilibrio del sistema, al entender que GIAHSA es un ente común para todos los municipios; desde el Ayuntamiento de Almonte se responde que cobrar por el uso de suelo municipal es compatible con una gestión compartida del servicio, y que hacerlo es una forma legítima de defender los intereses del municipio.

“Se trata de una actuación responsable orientada a ordenar jurídicamente el uso del patrimonio municipal y a garantizar que los recursos generados por ese uso reviertan en el propio municipio”, señalan desde el equipo de gobierno. Quienes consideran que el debate generado en torno a este convenio trasciende el ámbito estrictamente técnico, y responde también a un contexto político evidente.

Desde el equipo de gobierno municipal se sostiene que “esta ofensiva judicial no puede desvincularse del contexto político actual en la Mancomunidad de Aguas, tras las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Almonte en defensa de sus intereses municipales”, y que “el nuevo escenario existente no ha sido asumido con normalidad por determinados sectores del PSOE a nivel provincial”.

En este sentido, desde el gobierno local señalan que “cada partido tendrá su estrategia política, pero el Ayuntamiento de Almonte va a seguir centrado en defender los intereses de sus vecinos, gobierne quien gobierne en otras administraciones”. Y no entienden que “desde ayuntamientos gobernados por el PSOE se cuestione ahora que Almonte ejerza un derecho que la ley reconoce”.

El Consistorio subraya que Almonte soporta una elevada presión sobre su territorio, infraestructuras y servicios públicos, por lo que entiende legítimo y necesario ejercer una defensa activa de su patrimonio municipal, y muestra confianza en que el proceso judicial permita aclarar definitivamente la legalidad del convenio.